¿Cuál es su nivel de competencia negociadora?

Estadísticamente, más de un 30% de los asuntos que llegan a los tribunales, tenían la posibilidad de una solución del tipo ganar – ganar más satisfactoria que el resultado del juicio.

La causa por la que estos conflictos, pese a ello, se han judicializado no se debe a que no se hayan negociado previamente, ya que es muy raro que un conflicto llegue a los tribunales sin que se haya intentado resolver por esta vía. La principal causa suele ser la falta de habilidades técnicas y estratégicas de negociación de las partes intervinientes o de sus asesores.

Aclaramos que no es que no tengan ningún conocimiento de negociación. La realidad es que negociamos constantemente y, por lo general, lo hacemos exitosamente. Pero cuando los conflictos son muy complejos o están afectados por una gran desconfianza o emocionalidad, esos conocimientos cotidianos pueden no ser suficientes, lo que hace que sea necesario recurrir a expertos.

Nuestra experiencia como profesionales de la gestión de conflictos nos indica que negociar de forma profesional es tanto un arte como una ciencia y que requiere mucho entrenamiento en sus técnicas y estrategias, lo que está corroborado por varios estudios.

Por ello, nos permitimos poner a su disposición este breve test, que le indicará cuál es su grado de competencia negociadora. ¿Se anima?

Puntuación: Sume sus repuestas:

NO = 0 puntos

A VECES = 1 punto

SÍ = 3 puntos

Resultados:

Más de 35 puntos: Enhorabuena, Ud. es un negociador consolidado.

20 – 35 puntos: Va por el buen camino.

Menos de 20 puntos: No se preocupe, en el fondo es una buena noticia: quiere decir que, con un poco de aprendizaje y entrenamiento, su potencial para mejorar sus resultados en una negociación es grande. Los estudios demuestran que la persona debidamente entrenada en técnicas y estrategias de negociación duplica - como mínimo - la cantidad de acuerdos satisfactorios que obtiene que aquella que no lo está.

Julio 2023


Acción social de responsabilidad de los administradores

En un artículo anterior analizamos las distintas acciones que pueden instarse contra el administrador de una sociedad, por actos lesivos: la acción individual, que pueden instar los socios o acreedores a título personal por perjuicio propio; y la acción social, que pueden instar los socios por perjuicio a la sociedad.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 889/2021, de fecha 21 de diciembre de 2021, donde analiza en detalle las características y requisitos de la acción social.

En el caso concreto, algunos socios demandaron a los administradores porque consideraban que habían dañado los intereses de la sociedad, al haber transferido a sus cuentas unas cantidades de aproximadamente 350.000€ para un administrador, y 690.000€ para otro, a lo largo de 3 años, más haber endeudado a la sociedad con un préstamo bancario de 600.000€ para sufragar esos gastos.

El Tribunal Supremo, al igual que la Audiencia Provincial, rechaza la acción instada, con base en los siguientes argumentos:

1. Que hubo pactos de socios aprobados en junta general de socios, que aprobaban pagar una retribución a los socios que trabajan para la sociedad, y los administradores eran socios que trabajaban efectivamente para la sociedad (era una escuela y ellos eran profesores).

2. Que en su caso los socios demandantes deberían haber impugnado aquellos pactos de socios cuando se aprobaron, pero no instar una acción social de responsabilidad años después.

3. Que en su caso los socios demandantes deberían instar una acción individual de responsabilidad, si consideran que sus derechos personales como socios minoritarios son perjudicados, pero no la acción social porque hubo pactos de socios aprobados.

4. Que la obtención de un préstamo bancario es una operación mercantil habitual para cualquier sociedad y debe presumirse como algo correcto, y que en este caso concreto se destinó a pagar impuestos.

La sentencia también realiza un análisis interesante sobre el concepto de “interés social”, valorando que consiste principalmente en el interés del conjunto de los socios, esencialmente económico, pero que también incluye un interés de la propia sociedad, que se materializa en la consecución de la finalidad de su objeto social.

Por otro lado, la sentencia se refiere también al requisito de buena fe de los demandantes, indicando que el mismo no concurre en este caso porque los socios demandantes también habían percibido pagos de la sociedad y no habían ofrecido su devolución, es decir que eran partícipes de los propios actos denunciados. Sin embargo, el tribunal expone que ello no obsta a que se haya entrado a valorar el fondo del asunto y que se haya considerado que no concurren los requisitos objetivos de la acción social de responsabilidad.

En conclusión, la sentencia considera que no puede haber acción social cuando la actuación de los administradores está legitimada por un acuerdo previo de los socios, y que, si el socio demandante reclama porque considera perjudicados sus intereses propios, debe instar la acción individual y no la social.

En consecuencia, es esencial analizar y valorar a fondo las circunstancias de cada caso cuando se pretende demandar a los administradores, a fin de decidir si dicha demanda debe instarse como acción individual o como acción social, más allá de otras posibles acciones judiciales pertinentes o necesarias como la impugnación de un acuerdo de junta de socios.

Julio 2023

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